Y lo llamaron justicia

en Blog del concejal y la concejala/Gabriel Ortega

Gabriel Ortega

La brecha abierta en nuestro País entre la dictadura de lo políticamente correcto y la sabiduría popular no sólo no se cierra, sino que se ensancha cada día.

“La historia se repite, primero como tragedia y después como farsa”, decía aquel filósofo barbudo de Tréveris llamado Karl Marx; algo que parece ratificarse con los titulares de prensa que desayunamos cada mañana. La repetición machacona de frases maniqueas del tipo “la justicia es igual para todos” ya no es que suenen vacías, es que suenan a cachondearse del personal, de las mayorías sociales que soportan sobre sus espaldas la carga de una crisis que han pagado, y de qué manera, pese a que no participaron de la fiesta de unas élites parasitarias que no conocen límite ni vergüenza.

¿Cómo calificar sino la sentencia sobre la Infanta y el señor Iñaki Urdangarín? Lo peor de todo es que a nadie le sorprende lo sucedido, nadie esperaba que, al menos por una vez, la llamada justicia hiciera honor a su nombre. Hace poco más de un año todos los medios de comunicación y algunos de los responsables políticos del partido más corrupto de Europa entonaban inquisitoriales indignaciones por una representación de títeres, en clave de ficción, que venía a decir, de forma un tanto descarnada, que la justicia no es tal, sino una prolongación más del poder constituido para perpetuar el poder de los de arriba frente a los de abajo. Prisión preventiva. Más de un año ha hecho falta para poner cierta cordura en el asunto y que los protagonistas recuperasen plenamente sus derechos. Todo por una simple obra de ficción.

Hace pocos meses conocíamos que César Strawberry, cantante del grupo “Def con Dos”, era condenado por unos tuits. No ha sido el único. El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquín Bosch, informaba estos días que un tercio de los casos que se tratan penalmente en la Audiencia Nacional tienen que ver con tuits o canciones irreverentes. En estos días conocíamos que el rapero Valtonyc era condenado a más de tres años de cárcel por una canción que criticaba duramente al rey.

Cualquier activista de movimientos sociales de base conoce bien las consecuencias de movilizarse y defender los derechos sociales, económicos o laborales de la mayoría plebeya. Véase sino a las trabajadoras y trabajadores de “Coca-Cola en lucha” que, por defender su puesto de trabajo en la planta de Fuenlabrada, llevan más de media docena de citaciones judiciales y el intento de encausamiento de uno de sus representantes más destacados, Juan Carlos Asenjo, tras la condena recibida de otro de sus compañeros, José Manuel Fernández Galán, a 6 meses de cárcel y 4.800 € de indemnización. ¿Su delito? Defender el pan de su familia. Suma y sigue.

El mismo juzgado, ¡el mismo!, que ha absuelto a la infanta Cristina, condenó hace un mes a un joven a 3 años de cárcel por robar una bicicleta. Desgraciadamente, el esperpento que tan bien reflejara Ramón María del Valle-Inclán en sus obras, es algo más que un magnífico género literario: es la realidad cotidiana de un país donde se ha disparado la desigualdad y la pobreza, donde la mayoría de quienes dependen de un salario cobran menos de 1.000 euros al mes y hay un 15% de trabajadoras y trabajadores pobres, donde el 53% de la población afirma no llegar a fin de mes.

Digámoslo sin tapujos y con claridad: la separación de poderes, en nuestro país, es una mera ficción. Existe una doble vara de medir que no se molestan ni en disimular. Para los de abajo y quienes les defienden se aplica la mayor dureza del Código Penal más represivo de toda Europa. Lo saben quienes han puesto su cuerpo para parar desahucios, quienes padecen pobreza y exclusión, quienes se movilizan y quienes trabajan cada día por transformar una sociedad donde pasan estas cosas día tras día. Lo saben quienes han querido investigar hasta el final la corrupción, como el fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, que ha sido relevado fulminantemente del caso que investigaba al Presidente de la Región, del Partido Popular, después de denunciar presiones y el robo en su vivienda a uno de sus compañeros y al subdirector de Hacienda, llevándose tan sólo ordenadores donde guardaban toda la información sensible sobre casos de corrupción. “No puede ser que se persiga más a los fiscales que a los corruptos”, declaraba, dejando unas palabras que reflejan fielmente la foto actual de nuestro país, o, mejor dicho, de quienes lo manejan como un cortijo privado.

Pero no cabe resignación ni apatía. El 15M nació en 2011 al grito de “Democracia Real Ya” y la realidad le da la razón cada día. Desde entonces, miles y miles de ciudadanas y ciudadanos hartos ya de estar hartos empujan para traer un cambio político y social que, ha avanzado mucho, pero que no ha concluido. En la mano de la mayoría social de nuestro País, que contempla con estupor y vergüenza estos hechos, está cambiarlos definitivamente.

Digamos la última palabra. Este País debe ser de quien le quiere y le trabaja, de una mayoría compuesta por gente normal y corriente que lucha denodadamente cada día por sacar a los suyos a flote, no de quien le roba y estafa, cuyo patriotismo de latón consiste en pulseritas rojigualdas con las que intentar disimular que no son más que ladrones de guante blanco.