El pasado día 11 de octubre, el PP de Móstoles emitió una nota de prensa en la que acusaba al gobierno de falta de diálogo con los empresarios que tienen sus negocios en los polígonos industriales de Móstoles para implementar lo que, en opinión del Partido Popular, es un “nuevo” servicio de recogida de basuras para las industrias.
Lo primero que hay que destacar el que el supuesto nuevo servicio no es tal, ya que lo único que ha hecho el actual gobierno es aplicar la ley, curiosamente aprobada por el Partido Popular en los niveles de la administración: la Ley 5/2003 de Residuos de la Comunidad de Madrid, así como lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Limpieza y Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Móstoles, aprobada por el gobierno del Partido Popular el 11 de enero de 2013 (BOCM 10/08/13 nº189).
Es conveniente recordar lo que tanto la ley, como la propia ordenanza municipal, establecen con respecto a los residuos industriales, que son los que el Ayuntamiento de Móstoles ha dejado de recoger en los citados polígonos:
Artículo 50. Producción y gestión de residuos industriales asimilables a domésticos
Los residuos generados en industrias, comercios, oficinas y servicios que sean asimilables en cantidad y composición a los residuos domésticos generados en los hogares como consecuencia de dicha actividad, tendrán el mismo tratamiento, aunque siéndoles de aplicación lo establecido en el artículo 26 de la presente Ordenanza.
Los residuos industriales y los peligrosos calificados como tales en la normativa vigente, así como los recipientes y envases que los hayan contenido, no serán tratados como residuos domésticos y sus productores deberán gestionarlos de acuerdo con la normativa aplicable para esa clase de residuos.
Causa sorpresa que el Partido Popular, tan celoso últimamente en la defensa del cumplimiento de los deberes legales, no haya aplicado antes sus propias normas y que ahora propugne públicamente burlar una ley de importancia capital para la correcta gestión de los residuos urbanos.
Para comenzar a aplicar el marco legal vigente, la Concejalía de Medio Ambiente mantuvo dos reuniones oficiales con empresarios y representantes de los polígonos y distintas federaciones de comerciantes. La primera, celebrada el día 27 de junio de 2017, en la sede de Móstoles Desarrollo, contó con la presencia de Miguel Angel Ortega Sanz, Concejal de Medio Ambiente y Jéssica Antolín, Concejala de Desarrollo Económico. La segunda reunión tuvo lugar el 19 de septiembre, también en la sede de Móstoles Desarrollo, entre representantes empresariales y el cuerpo técnico de la Concejalía de Medio Ambiente. En estas reuniones se explicó la importancia del cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Limpieza y Gestión de Residuos (BOCM 10/08/13 nº189), fundamental en lo referente a residuos especialmente contaminantes como aceites, motores y otros residuos industriales. La respuesta de los representantes empresariales fue negarse y solicitar un punto limpio, construido y gestionado por el Ayuntamiento, una propuesta que vulnera de nuevo la ley al externalizar en la ciudadanía unos costes que tienen que asumir las empresas.
Conviene también aclarar que, a pesar de la negativa de los representantes de los polígonos industriales y frente a lo reclamado por el Partido Popular, la Concejalía de Medio Ambiente no puede paralizar la tramitación de las sanciones porque dichas sanciones no existen.
Hasta la adopción de esta medida, el Ayuntamiento de Móstoles estaba retirando indebidamente este tipo de residuos, lo que suponía no solo riesgos de sanciones legales, sino también riesgos medioambientales y una notable injusticia al internalizar en la ciudadanía un coste que, por ley, corresponde a las empresas industriales. Entendemos que la gestión de los residuos, especialmente los altamente contaminantes, es una responsabilidad compartida de todos, más aún de las empresas que los generan, y que el Ayuntamiento ni puede ni debe cometer ilegalidades ni irregularidades en su gestión.
