La concejala Isabel Cruceta explica en qué consiste el convenio que la Comunidad de Madrid, en manos del Partido Popular, ha efectuado con las grandes empresas de energía electrica y de gas, y por qué ese convenio no es válido para prevenir la pobreza energética. Su convenio no la resuelve, ha dicho la concejala.
Buenas tardes a todas y todos, también a l@s que desde sus casas nos siguen on line.
Nos presenta el Grupo Popular una moción para adherirnos a un convenio firmado entre la Comunidad de Madrid y las tres grandes empresas comercializadoras de energía eléctrica y de gas natural: Endesa, Gas Natural-Fenosa e Iberdrola, empresas y cito literalmente lo que dice el texto “firmemente comprometidas con la protección de los consumidores, en especial de aquellos en situación de vulnerabilidad”. Yo, personalmente, dudo de tan firme compromiso cuando Endesa e Iberdrola cortaron los suministros por impago a 506.481 consumidores en el Estado español en el año 2015, un 5,9% más con respecto a las interrupciones llevadas a cabo en 2014. La otra gran compañía del mercado, Gas Natural Fenosa, no publica esta información.
Pero vayamos al convenio que dice va dirigido a aquellas familias en situación de extrema vulnerabilidad que no cuenten con recursos suficientes para hacer frente a las facturas del suministro de electricidad y gas natural. Estamos hablando, pues, de pobreza energética ¿verdad?
Pues este convenio, de entrada, no contempla todos los posibles tipos de pobreza energética existente, por ejemplo, a aquellas personas que ni siquiera ponen la calefacción porque carecen de recursos o porque no tienen ningún sistema instalado.
Hay que ser deudor y tener ya impagos para poder acceder a las ayudas. ¿Así es como se piensa prevenir la pobreza energética?
No se atiende el problema desde su origen, no se atiende a la ineficiencia de algunos inmuebles ni tampoco a las rentas, sino que se genera un trasvase de lo público a las grandes empresas (pagando las facturas a través de ayudas), que no ponen ni un solo euro comprometiéndose únicamente a no cortar el suministro a aquellas familias cuyas facturas pague la Comunidad.
Solo cubre los costes de electricidad y gas natural, que si bien es cierto son las fuentes de energía más utilizadas en la Comunidad de Madrid, existen otras como el gasóleo que cubren muchos hogares.
A tener también en cuenta es que las facturas elevadas no siempre vienen derivadas de un mal consumo, sino a la envoltura o los cerramientos de la vivienda (ventanas, puertas deterioradas, tejados, falta de aislamiento) igual que a necesidades específicas de personas enfermas o con algún tipo de dependencia.
Y los límites de consumo que fija el convenio en su anexo I sin diferenciar si la vivienda emplea únicamente energía eléctrica, en cuyo caso la potencia contratada ha de ser mayor que si el sistema de calefacción es por gas u otra fuente de energía distinta. Estos límites de consumo resultan bastante aleatorios porque no recogen las necesidades reales de las familias ni contemplan las diferentes fuentes de energía utilizadas en los hogares. Se necesitaría un cálculo bastante más complejo que el que plantea el convenio, y por ello deja de tener sentido que si la factura excede de ese consumo no se abone. Según la OCU una casa de 3 miembros consume al año unos 9922 kW/h de energía (luz y gas) distribuidos en calefacción, electrodomésticos, agua caliente e iluminación. Si esa casa por no contar con instalación de gas se alimentara exclusivamente de energía eléctrica el límite de kW/h que marca este convenio estaría en 3144 (262×12), es decir muy lejos de poder cubrir sus necesidades. También la OCU dice que el consumo medio para ese hogar de 3 personas sin calefactar y sin agua caliente sanitaria son 3500 kW/h y vuelvo a repetir que su tope, pensando en esa casa que no tiene instalación de gas, está en 3144. Sus requisitos se muestran tan restrictivos que no los va a cumplir casi nadie.
Este convenio también nos demuestra el interés de la Comunidad por fomentar el oligopolio puesto que el mismo solo lo firman tres de las grandes comercializadoras (si bien es cierto que prevé que puedan adherirse otras). Hoy por hoy solo se ha firmado con ellas tres y deja fuera a todas las pequeñas, incluyendo algunas que suministran energía procedente de fuentes renovables a precios más económicos (ver artículo). ¿Qué ocurre con los consumidores que tengan el suministro contratado con empresas que no están en el convenio?
Se nos pide que desde los Ayuntamientos habilitemos una partida del presupuesto para “cofinanciar” las ayudas contra la “llamada pobreza energética” (se llama así porque lo es). Desde la Comunidad aportan para el año 2016 1 millón de euros, una cantidad ínfima para una población de 6 millones y medio de habitantes; la cantidad que en Móstoles está destinada para ayudas de emergencia de los Servicios Sociales es de 1.400.000 euros a sabiendas de que esta partida no solo está destinada a pobreza energética. Pero mejor verlo con los datos del pasado mes de enero que nos han facilitado desde Servicios Sociales:
- Se han dado ayudas para el pago de recibos de electricidad por importe total de 22.157 euros.
- Para recibos de gas por 15.329 euros.
- Si multiplicamos el primer concepto (luz) por 12 y el segundo (gas) por 6 podríamos estimar que la cifra que en el año se destina desde los Servicios Sociales de nuestro municipio para ambos conceptos asciende a 357.858.
- 858 euros para una población de 200.000 habitantes. 1 millón de euros para 6 millones y medios de habitantes. ¿Sin palabras, verdad? Bueno, hay una: la cantidad es simplemente ridícula. Porque si hiciéramos una regla de tres para que la Comunidad estuviera en la misma línea que este Ayuntamiento tendríamos que estar hablando de unos 11.630.000 euros.
Está muy claro, tan claro como el titular con que se anunciaba esta noticia “La Comunidad garantiza el suministro de electricidad y gas a los más vulnerables” quedando del todo difuminado el dinero que los Ayuntamientos aporten a ese fondo y apareciendo el gobierno autonómico como proveedor de la totalidad de los mismos. Buena jugada, pero a nosotras y nosotros no nos convence.
Hasta que puedan adoptarse otras medidas, en nuestra localidad seguiremos trabajando para que cuando una persona o familia acuda a Servicios Sociales solicitando apoyo para pagar la luz o el gas lo tenga; son las trabajadoras sociales las que se ponen en contacto con las empresas para que no se corte el suministro o se rehabilite lo antes posible si ya se ha producido el corte.
Para terminar explicar que lo que entendemos como realmente necesario es el diagnóstico de la pobreza energética en Móstoles, como en tantos lugares, con el fin de entender el estado de la cuestión tanto en lo que concierne al concepto mismo como para conocer que indicadores nos permitirían identificarla dentro de nuestro municipio y por tanto nos permitirían diseñar políticas y acciones concretas para abordarla.
El primer paso para poner solución a un problema es reconocerlo y en Móstoles, como en toda la Comunidad y en todo el Estado Español son muchas las familias que todavía pasan el invierno sin calefacción o que no pueden pagar, en luz y en gas, lo que hace falta para mantener la temperatura adecuada de su vivienda (entre 18 y 21 grados) sobre todo en los meses fríos. Eso no está en el convenio que hoy nos presentan y eso es en lo que hemos de seguir trabajando.
La pobreza energética se da según los expertos por tres motivos principales: los bajos ingresos, los altos precios energéticos y la mala calidad de la edificación. Problemas que no se resuelven en 6 meses que se prorrogan otros tres.
Al no existir estudios o informes que lo hayan valorado desconocemos el número de vecinas y vecinos que se encuentran en esta situación en nuestra localidad, y ese debe ser nuestro primer objetivo porque extrapolando los datos sobre el estudio realizado en Madrid, en torno a un 17% de los hogares de Móstoles podrían estar en situación de pobreza energética, ya sea porque las familias se ven obligadas a destinar más del 10% de sus ingresos a gastos energéticos, o porque debido a la falta de renta no han podido abordar dichas facturas parcialmente o en su totalidad.
Garantizar que ninguna familia tenga que realizar un gasto de energía doméstica superior al 10% de sus ingresos mensuales se muestra prioritario y éste no es un problema que deba abordarse exclusivamente desde el ámbito familiar. Estamos ante un problema que tiene una dimensión pública y que por tanto es un problema político. Por un lado un oligopolio energético que cuenta con unos beneficios de más de 6000 millones de euros al año; por otro un entramado político-institucional que da cobertura al lobby energético, y entre medias muchísimas personas anónimas que padecen esta situación.
Las medidas adoptadas hasta la fecha son claramente insuficientes. El denominado bono social, que se puso en marcha el 1 de julio del 2009, excluye a una gran parte de la población que sufre pobreza energética, dado que los requisitos que deben cumplirse para ser considerado “consumidor vulnerable” no están directamente vinculados a la renta. Otras iniciativas como el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2013-2016 o el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética (2011-2020) tienen un efecto muy limitado en la lucha contra la pobreza energética tal y como afirma la Asociación de Ciencias Ambientales.
Cuando hablamos de pobreza energética lo hacemos de un drama que anualmente termina con la vida de muchas personas y que podría evitarse si se adoptaran medidas eficaces desde las instituciones y NO generando falsas expectativas a los ciudadanos con lo que son simplemente titulares de noticias, porque un millón de euros para toda la comunidad, más las restricciones que les decía antes, da para poco más.
Por ello hemos de avanzar desde el municipio para que a ningún vecino de Móstoles se le corte la luz o el gas por impago, y más especialmente, entre los meses de noviembre a abril, y ese es el acuerdo que hemos de garantizar, sin sus “angelitos de la guarda”.
Y eso es de lo que nuestro país, y por ende nuestra Comunidad, adolece de la falta de políticas de choque destinadas a prevenir la pobreza energética. Su convenio no la resuelve.
