Parece ser que el Partido Popular de Móstoles se ha molestado por las declaraciones de nuestro portavoz Gabriel Ortega en las que afirmaba que, según el auto del juez Velasco, se habría producido un robo a las arcas municipales al negociar Alejandro Utrilla una mordida inicial de 240.000 euros y una comisión anual del 2% del importe del contrato.
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada solicitó el 27 de octubre de 2014 (Diligencias Previas 85/2014) la imputación de la empresa COFELY ESPAÑA S.A ya que “El comportamiento de sus directivos presenta indicios reiterados y múltiples, de haber hecho ofrecimientos de dadivas, promesas y pagos de comisiones a los ediles municipales de los ayuntamientos mencionados, junto con un comportamiento redundante en procurarse influencias indebidas y corruptoras con intermediarios, y conseguidores próximos a los alcaldes y concejales”.
La Fiscalía solicitó la imputación de la empresa como persona jurídica ya que consideraba fundado que “supera la acción de los ejecutivos de la compañía, e implica a toda la persona social, a la propia organización como empresa. Fruto de investigaciones recientes, se han conocido las implicaciones de otros departamentos de la empresa – Tesorería, Contabilidad – en el diseño del plan para generar los fondos de los Ayuntamientos contra los cuales se van abonar las comisiones y dadivas de los ediles municipales.”
Continúan las Fiscales afirmando que “El plan criminal de la empresa va mas allá construyendo los circuitos de pagos de las comisiones. No son los márgenes comerciales de COFELY ESPAÑA de donde van a partir esos pagos, sino que se están planificando delitos de malversación para perjudicar a las Haciendas Locales con un quebranto económico añadido.”
“La compañía COFELY diseña y planifica no solo con su departamento comercial, sino con sus departamentos de contabilidad y pagos, la manera en la que se van a satisfacer las comisiones y dadivas prometidas, que en un circulo perverso, van a ser abonadas no a costa de sus márgenes comerciales, sino a cargo de los contratos públicos de los ayuntamientos, a los que gira facturas inexistentes por reformados y trabajos complementarios o confecciona bajo nombre supuesto, dictámenes superfluos y de favor, en nombre de supuestas y fantasmales oficinas técnicas independientes de valoración y de auditoría”
La “mordida” pactada no se limitaba, según la Fiscalía, a un pago inicial de 240.000 euros, sino que se mantendría durante los 12 años de vigencia del contrato, pagando una comisión anual de 121.905,79 euros, lo que habría supuesto una “comisión” total de 1.702.869,48 euros.
Nos abstenemos de comentar las palabras de las Fiscales Especiales Dª Carmen García Cerda y Dª María Teresa Gálvez Díez y que cada cual extraiga sus conclusiones, aunque no queremos dejar pasar por alto que el juez Velasco, en el Auto de Imputación de la empresa COFELY ESPAÑA ordenó, que, “sin perjuicio de las medidas cautelares que autorice la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede poner en conocimiento del Pleno de los Ayuntamientos de Valdemoro, Móstoles, Parla, Collado Villalba, Serranillos del Valle, Torrejón de Velasco, Moraleja de Enmedio y Casarrubuelos la iniciación del proceso penal a los efectos de que el Ayuntamiento decida, si así lo acuerda, la iniciación del procedimiento de revisión de oficio de los contratos adjudicados con los efectos previstos, si así lo acuerda, en los artículos 104 2 de la Ley 30/1992 y 35.3 3del TRLCSP.”
La recomendación formulada por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional fue desoída por Daniel Ortiz y su gobierno, que mantuvieron el contrato hasta el último día de su mandato, todo ello pese a que el anterior alcalde se comprometió a resolver “el contrato a la empresa Cofely si existen incumplimientos graves en la prestación de servicios…”, incumplimientos que han sido continuos desde el primer día en que esta empresa llegó a nuestra ciudad.
