Gracias Sr. Presidente, buenas tardes a todas y todos.
Parece que en estos días se van a tomar decisiones muy importantes que afectan al presente y al futuro próximo de nuestro país.
Parece que, después de varias campañas electorales, en las que se han dicho muchas cosas, tras un largo período de interinidad del Gobierno Central, en estos días, definitivamente, se va a investir presidente a Mariano Rajoy y se va a embestir nuevamente contra los intereses generales de nuestra sociedad.
Entra un nuevo gobierno, que se parece como dos gotas de agua, por razones obvias, al viejo gobierno.
Un partido empantanado en los tribunales por incesantes casos de corrupción, prolongados en el tiempo, políticas de recortes que nos han llevado a las más altas cotas de desigualdad conocida en las últimas décadas, en nuestro país. Un 28,6 % de la población en riesgo de pobreza y exclusión social. Un 6,4 % sufriendo carencia material severa. Sin embargo, crece un 8% el número de multimillonarios, esto es, aquellas personas que acumulan un patrimonio superior a 30 millones de euros, en tan solo un año.
Este es el resultado de las políticas descargadas sobre las espaldas de la gente común los últimos años.
Pero quisiera decirle algo importante a ese inmenso caudal de inteligencia colectiva que compone la mayoría social progresista —la mayoría social de nuestro país— que hoy se mueve entre la indignación y el dolor, la que asiste con perplejidad y tristeza a los acontecimientos que en las últimas semanas han desbordado los telediarios y editoriales de prensa.
El ciclo de cambio es imparable. No se detiene ni se frena con maniobras urdidas por los de arriba. El viejo régimen de las elites únicamente ha hecho lo que los hombres grises en Momo, comprar tiempo, ganar tiempo para retrasar lo inevitable. El proceso está en marcha. Nuestra sociedad, predecesora de los cambios políticos, ya ha cambiado. Se ha terminado para siempre la interpretación del mandato como licencia para el caudillaje. Aquel tiempo ya pasó. Ahora, la ciudadanía se cobra debidamente las decisiones que toma cada cual. Exige, alza la voz, se organiza y se mueve.
Pero como decía antes, nuestra sociedad y, de manera más lenta, nuestras instituciones, ya han cambiado. Es más, se encuentran en pleno ciclo de cambio, ni al principio ni al final del mismo, sino en medio, habiendo sido clarificados los que son y los que están en el mismo, desde el principio hasta al final.
Por tanto, invito a la mayoría social progresista, a los de abajo, al Pueblo en construcción que inició su camino un 15 de Mayo, a levantar la cabeza y prepararse para conquistar, más temprano que tarde, un futuro muy próximo y cercano en el que el ciclo de cambio en nuestro país llegará a puerto en todos los niveles del Estado, con más y mejor democracia; que no nos quepa ninguna duda.
Asistimos al comienzo de una legislatura con un gobierno en minoría. También eso ha cambiado. Se terminaron las mayorías absolutas, los rodillos y el autoritarismo que suele acompañarlas. Es por tanto el momento de poner encima de la mesa el proyecto de país que queremos, de arriba abajo y de abajo arriba, explicarlo convenientemente y que después la ciudadanía busque, compare y vote.
Desde las candidaturas municipalistas como Ganar Móstoles y desde las fuerzas del cambio que lidera Unidas y Unidos Podemos tenemos bien claras cuales son las prioridades para este período.
La primera tarea —fundamental— es empujar desde todos los sitios posibles para derogar leyes profundamente injustas, cuasi temerarias, impulsadas por el gobierno del Partido Popular los últimos años.
Las fuerzas del cambio vamos a trabajar de forma incesante por que se produzca la segunda descentralización del Estado, aquella que nunca llegó pese a ser de vital importancia, y que se refiere a la importancia de los municipios y de la administración local en la arquitectura institucional del Estado. Hoy, los municipios, siendo la realidad política y administrativa más próxima a la ciudadanía, la primera línea de defensa de las necesidades sociales, culturales, económicas y políticas de la gente, estamos completamente desarmados, asfixiados y maltratados por la legislación que se deriva de aquel fatídico artículo 135 aprobado con nocturnidad y alevosía y que supedita todo, incluído el interés general, al pago prioritario de la deuda a los bancos, en un principio perverso: primero, los bancos y la deuda, después la gente.
En el desarrollo normativo de dicho artículo es donde se explica la llamada Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y su continuación fatídica para los ayuntamientos, como es la ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como Ley Montoro.
Dicha Ley, somete a los municipios a la asfixia competencial y financiera, dificultando en grado sumo nuestras obligaciones para con la ciudadanía, produciendo una grave merma en los servicios públicos, un incremento sustancial de las privatizaciones, con su consecuente aumento de costes para la administración y una reducción en las competencias municipales.
Una ley que nació además con el rechazo de casi todas las fuerzas parlamentarias, que tuvo que afrontar recursos de inconstitucionalidad por parte de casi todo el arco parlamentario, además de varios parlamentos y gobiernos autonómicos.
En el caso de los municipios, han sido más de 3.000 ayuntamientos, que representan a más de 16 millones de ciudadanas y ciudadanos, los que expresaron su rechazo y salieron en defensa de la autonomía local, herida de muerte por la norma.
Por todo ello, es imprescindible derogar la Ley Montoro y elaborar una nueva Ley de Bases de Régimen Local, para clarificar y aumentar las competencias de los entes locales, garantizar un nuevo sistema de financiación local que asegure derechos y la prestación de servicios esenciales garantizando así la transparencia y la participación directa y vinculante de la ciudadanía.
La Ley Montoro retira competencias a los municipios en materias tan sensibles como los servicios sociales y salud.
Favorece de forma extraordinaria la privatización, o externalización, de servicios públicos, endureciendo las condiciones para que no fueran prestados por los propios ayuntamientos, lo que ha supuesto:
1. Una enorme reducción de las contrataciones de personal público, afectando gravemente a la prestación de servicios públicos ante la escasez de personal. Por poner tan solo un ejemplo, este motivo impide abrir el conjunto de centros culturales los fines de semana, cuando más podrían disfrutarlos vecinas y vecinos.
2. Reduce la calidad en la prestación de servicios, con el argumento de reducir costes, que no es lo que se hace, como veremos más adelante.
3. Obliga a disolver las empresas públicas que prestan servicios públicos esenciales y que dieron resultados negativos en 2013 o 2014.
4. Se privatizan servicios porque se antepone ganar dinero a gestionar bien.
5. Se restringe la autonomía local, en lugar de expandirla, como exigen los tiempos y la gente.
Se podría pensar, que el problema es que los ayuntamientos son los principales responsables del problema de deuda que tiene nuestro país. Nada más lejos de la realidad. Es más, los dos últimos años se ha registrado superávit, del 0,50 y del 0,44, pese a ser las administraciones más constreñidas por Montoro. En cambio, las autonomías registraban un déficit del 1,66 por un 2,15 % del Estado central.
Por tanto, esta situación fruto del esfuerzo de ayuntamientos y ciudadanía tiene que verse reflejada en la ley.
Cabe recordar igualmente, que España es el quinto país por la cola con menor número de empleados públicos de la Unión Europea. Tenemos un funcionario público por cada 15 habitantes, mientras Reino Unido, Francia, Suecia o Dinamarca tienen uno por cada 5 o 9 habitantes.
Igualmente, tenemos el convencimiento de que las enormes dificultades para optar por la gestión directa, a favor de la privatización es, antieconómico y antieuropeo.
La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia señalaba en 2015 que el sobrecoste anual de la contratación pública es de 48.000 millones de euros al año. El Tribunal de Cuentas ha mostrado en diversos informes importantes sobrecostes y una peor calidad de los servicios privatizados.
El sobrecoste de la externalización del servicio puede ir desde un 22 % (gestión privada del agua) hasta más de un 27 % en la recogida de basuras o el 71 % en limpieza (Tribunal de Cuentas, 2013). Por eso pensamos que esta ley es, además de profundamente regresiva y amenazadora de la autonomía local, antieconómica.
Y también antieuropea.
Es precisamente por estos motivos que explicaba más arriba, por lo que la crisis ha provocado una “remunicipalización” de servicios en Alemania, Francia o Reino Unido. Servicios relacionados con el agua, la electricidad, el transporte público, la gestión de residuos, limpieza o vivienda. Berlín, Hamburgo, París o Londres son algunas de las ciudades de nuestro entorno europeo que han llevado a cabo estos procesos.
Por todo ello, porque esta ley resulta nociva para los intereses generales, porque asfixia y condena a los ayuntamientos a la parálisis de inversiones, el cerco competencial y a no poder garantizar la calidad adecuada en la prestación de servicios, por lo que presentamos esta iniciativa con la cual sumarnos a la marea de ayuntamientos, comunidades autónomas, organizaciones políticas y movimientos sociales que rechazan la Ley Montoro y pedimos su inmediata derogación.
