Desde que en 2007 se produjera el estallido de la burbuja inmobiliaria los efectos socio-económicos han sido devastadores en nuestro municipio. El número de parados se ha elevado hasta las 23.900 personas en paro en 2014. Se han producido 2,592 ejecuciones hipotecarias en el periodo 2007-2014. Esta situación de exclusión habitacional viene a sumarse a las más de las 40 personas que viven sin techo en nuestro municipio y a las más de 254 familias que viven en viviendas precarias sin luz y sin agua. Señalar además que nos encontramos con más de 24.000 jóvenes de entre 20 y 29 años que no pueden emanciparse al no poder acceder a una vivienda.
Ante este panorama, las Instituciones han respondido con políticas de liberalización del suelo, del mercado inmobiliario y del crédito; se ha promovido el régimen de vivienda en propiedad, que ha desembocado en un sobreendeudamiento que asfixia a las familias. En nuestro municipio hemos asistido al desmantelamiento del parque público de vivienda. El suelo se ha regalado a empresas privadas para construir vivienda protegida (VPP) y venderla a familias con ingresos entre 2,900 y 3,900 euros/mes, mientras para emergencia habitacional apenas se han destinado 20 viviendas (acuerdo firmado entre el IMSM y Servicios Sociales). Esta nefasta gestión del suelo público ha propiciado aún más la especulación, llegando a equipararse el precio de la vivienda pública con el precio de las viviendas del mercado libre.
El resultado en nuestro municipio ha sido que más de 3000 viviendas vacías en manos de entidades financieras y promotoras, mientras miles de familias ven vulnerado su derecho a la vivienda recogido en el artículo 47 de la CE. Desde Ganar Móstoles nos proponemos llevar a cabo un plan de emergencia habitacional que ponga en el centro de su política de vivienda a las personas y no a los intereses especulativos o de las entidades privadas.
Necesitamos GANAR MÓSTOLES para:
Trabajar por la erradicación de los desahucios en primera vivienda en nuestro municipio; desarrollar políticas que promuevan el ejercicio social de la vivienda; investigar y auditar las políticas de vivienda pública llevadas a cabo por los gobiernos anteriores, y promover la creación de un observatorio de la vivienda social e independiente en Móstoles.
1.- Trabajar por erradicar los desahucios en nuestro municipio en primera vivienda, crear mesas de negociación a escala municipal, e instar al gobierno estatal a modificar la ley hipotecaria.
• Erradicar los desahucios en Móstoles, en base a la competencia municipal de garantizar la paz entre los vecinos y garantizar que la policía local interviene en favor del “desahuciado” en caso de incumplimiento de esta prohibición.
• Promover la creación de mesas de negociación mixtas (Administración, afectados y quienes les defiende, demandantes, etc..) y en caso desacuerdo establecer el proceso que garantice el realojo.
• Modificar del régimen de plusvalías (regulación municipal) que exima a las viviendas entregadas en dación en pago. Negociación de la plusvalía en los casos de desahucio con los notarios para que estas repercutan en los dueños de las viviendas, ya sean bancos, empresas o particulares, y no en los afectados que se verían de nuevo presionados para el pago de las mismas.
• Instar al Gobierno, a nivel estatal, a modificar la Ley Hipotecaria con el fin de regular la dación en pago y adoptar las medidas necesarias para evitar los desahucios por motivos económicos.
2.- Desarrollar políticas que promuevan el ejercicio social de la vivienda..
• Elaborar un plan participativo de inclusión habitacional de Móstoles que nos permita disponer de un censo de población en situación de exclusión habitacional, así como de un mapa de recursos disponibles, con el fin de poder establecer los protocolos adaptados de acceso a la vivienda para familias en situación de especial necesidad.
• Promover sistemas alternativos de acceso a la vivienda para personas y familias en situación de exclusión habitacional o de especial necesidad como: la rehabilitación de vivienda vacía, el alquiler social, la cesión de uso, la propiedad cooperativa, o la autoconstrucción de vivienda en suelo público, con el fin de que estos grupos puedan acceder a soluciones habitacionales asequibles (precio máximo entre el 25% y el 30% de sus ingresos) y flexibles.
• Incrementar el parque de vivienda pública mediante la recuperación de viviendas vacías y la rehabilitación, asegurándose de que esta siga siendo pública.
• Promover y proteger el régimen de vivienda en alquiler, forzando a las entidades financieras, y particularmente a aquellas que han sido rescatadas con fondos públicos como el SAREB, a cumplir con sus obligaciones de servicio público y a destinar las viviendas vacías de su propiedad al alquiler social subvencionado y a otras formas asequibles de tenencia, con el fin de que estas viviendas puedan ser ocupadas lo antes posible por personas en situación de exclusión habitacional.
• Penalizar el uso de inmuebles utilizados con fines especulativos, las subidas indiscriminadas del alquiler, el incumplimiento del deber de conservación o del pago de los gastos de comunidad.
• Modificar el régimen de funcionamiento del Instituto Municipal del Suelo de Móstoles para garantizar una gestión pública del mismo que responda a los intereses de los ciudadanos, y particularmente de quienes viven en situación de exclusión habitacional.
3.- Investigar y auditar las políticas de vivienda pública llevadas a cabo por los gobiernos anteriores.
• Investigar todos los indicios de irregularidades y malas praxis, ya sean irregularidades en la adjudicación de viviendas públicas, sobrecostes en la adjudicación de obra pública, etc., y establecer las responsabilidades judiciales y políticas que pudieran derivarse.
4.- Promover la creación de un observatorio de la vivienda en Móstoles, social e independiente
• Establecer un proceso abierto y participativo de recogida de información, que permita formular medidas adaptadas de las demandas y necesidades de vivienda en nuestro municipio.
• Auditar la gestión de vivienda pública de nuestro municipio.
• Establecer espacios para la concertación entre otros de los siguientes actores: Agrupaciones de afectados, profesionales, Servicios Sociales, responsables del Área de Juventud y Servicios Sociales, partidos políticos – I.M.S. IVIMA, la Oficina Defensa del Consumidor etc.