Moción relativa al TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones)

en Actos públicos/Actualidad

 

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Como portavoz del Grupo Municipal de Ganar Móstoles, Gabriel Ortega expone por qué es necesario que el pleno del Ayuntamiento de Móstoles se posicione en contra de un tratado que afectará la vida presupuestaria y la independencia institucional de nuestra localidad al ponerla en manos de grandes corporaciones internacionales.

Desde mediados del año 2013, se viene negociando con total opacidad un acuerdo comercial entre la UE y EEUU, que vendría a convertir en norma un modelo ideológico profundamente regresivo y lesivo para los intereses de la ciudadanía europea y el sistema democrático.

Poco a poco se van conociendo aspectos fundamentales de dicho tratado, gracias al trabajo coordinado de más de 500 colectivos organizados frente a esta ofensiva neoliberal que trata de cerrar por arriba cualquier atisbo de cambio progresista por abajo. En estas semanas pasadas, se ha llevado a cabo la semana de acción contra los TLCs, en el que se entregaron más de 3.200.000 de firmas determinadas a frenar la imposición del TTIP, el CETA y el TISA, “suficientes para unir Gibraltar y Tallín con una cadena humana” Sin embargo, la entrega de firmas fue simbólica ya que la CE rechazó la posibilidad de estudiar esta iniciativa ciudadana, pese a que el monto de rúbricas recogidas ha superado la cuota requerida en 23 países y ha triplicado el número estipulado para el trámite de la demanda, una vez más, lo llaman democracia y no lo es.

El TTIP, la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión entre EE UU y UE, y sus hermanos persiguen el único objetivo de evaporar las normativas reguladoras que supongan una merma en los beneficios potenciales de las compañías multinacionales o en sus posibilidades futuribles o presentes de negocio. La fatalidad, y no es casual, reside en que las normativas que se pretenden debilitar o erradicar son aquellas dedicadas a la protección social, laboral, medioambiental, alimentaria y sanitaria de la población. El propósito de armonizar los marcos legislativos de ambas potencias a la baja, según el referente más laxo en estándares de regulación, y de imponer a los sectores comerciales la competencia directa y sin ambages con las grandes empresas conllevaría la degradación del tejido económico, la calidad de vida y los principios democráticos que existen y que intentamos construir en suelo europeo.
Suponemos que, precisamente por ello, la CE ha intentado llevar con absoluta discreción el desarrollo de las negociaciones del tratado, hasta los eurodiputados tienen un acceso restringido a una pequeña parte de los textos y convenios finalizados en las reuniones. Asimismo, mientras que los encuentros formales entre las partes comenzaron en junio de 2013, no fue hasta enero de 2015 que se inició la desclasificación de un mínimo de documentos relativos a los contenidos que se están pactando para la elaboración del TTIP.

¿Y por qué una candidatura ciudadana y municipalista cómo Ganar Móstoles trae a debate algo qué suena lejano y desconocido como el TTIP? Los motivos son, fundamentalmente dos.

Este tratado se alimenta de la oscuridad, del desconocimiento de su existencia por parte de una ciudadanía, que se verá claramente afectada en cuanto a sus derechos y disfrute de unos servicios públicos dignos, por ello, es urgente y necesario darlo a conocer entre nuestras gentes.

Pero sobre todo, este tratado atenta directamente contra la soberanía de los pueblos europeos y la posibilidad de realizar políticas municipales, autonómicas y estatales, que superen el paradigma neoliberal, el mismo que nos metió en la mayor y más destructiva crisis que hemos vivido en las últimas décadas.

Una ley antidesahucios, cambiar la gestión de los servicios públicos externalizados, auditar la deu¬¬da o remunicipalizar servicios privatizados. Son propuestas que asustan a los partidos responsables de la crisis y al poder económico.

El objetivo es blindar los privilegios de las empresas multinacionales, favorecer los oligopolios y sus negocios ante posibles cambios en el mapa político.

Hoy existe aún un margen muy amplio para llevar a cabo políticas municipales (y autonómicas) que acaben con la corrupción, el despilfarro y el mal gobierno. Pero la UE busca acabar con la soberanía parlamentaria y organizativa de los entes locales y regionales. Las herramientas son los tratados que negocia con terceros: el CETA con Canadá, el TTIP con EE UU y el Tratado de Comercio de Servicios (TISA) con 23 países, unas negociaciones que incluyen ámbitos que recaen dentro de las competencias jurídicas de todos los niveles de gobierno y de administración.
La firma de estos tratados funcionaría como una chaqueta de fuerza para las instituciones imposibilitando cambios en las políticas relativas al sector privado. El objetivo está claro: blindar los privilegios de las empresas y sus negocios ante posibles cambios en el mapa político local y autonómico. De nada servirá defender políticas como la auditoría de los contratos de gestión privada del agua, hospitales y residuos, la revisión o anulación de concesiones blindadas o de la venta de vivienda pública a fondos especulativos, así como la remunicipalización de servicios, sin complementarlo con una oposición nítida y clara a los Tratados que pretenden evitar dichas políticas, sería poco más que una contradictio in terminis de difícil comprensión.

TTIP, CETA y TISA preparan el terreno jurídico para una mayor privatización del suministro de agua y de la energía, el tratamiento de residuos y el alcantarillado, los servicios de emergencia, los servicios de sanidad y bienestar social, el transporte público o la vivienda, entre otros. A través de la cláusula trinquete (ratchet), un mecanismo por el que no se podrán revocar determinadas liberalizaciones de servicios ya firmadas o se recortarán ámbitos esenciales del derecho de autonomía de los municipios como la posibilidad de remunicipalizar los servicios públicos anteriormente privatizados.

La cláusula de trinquete –que contiene el tratado comercial UE-Canadá (negociado entre 2009 y 2012, actualmente en proceso de ratificación y un tratado prototipo para lo que sería el TTIP)– fija el nivel de la liberalización o privatización de servicios públicos para el futuro y prohíbe retroceder a una etapa anterior de liberalización. Con ello se limita la libertad de decisión de los entes locales a la hora de adjudicar un contrato de concesión de servicios.
Además, las disposiciones sobre protección de las inversiones y mecanismos de solución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS) incluidos en estos tratados, que eluden los tribunales ordinarios competentes, permitirían a las multinacionales demandar a los gobiernos ante tribunales privados y amenazar así los procesos de remunicipalización.

Medidas políticas y administrativas legalmente establecidas y legitimadas democráticamente –como una ley antidesahucios, garantizar los suministros básicos (luz, gas y agua) para eliminar la pobreza energética, paralizar privatizaciones o recuperar vivienda pública– podrían ser puestas en tela de juicio por órganos privados de arbitraje, y propiciar reclamaciones posteriores por “daños y perjuicios”.

Si el TTIP incluye reglas de contratación pública similares al CETA, se abriría la licitación municipal y autonómica de contratos públicos al capital transnacional. Y se podría obligar a las administraciones locales a tratar a las grandes multinacionales de la misma forma que a las pymes. Esto viola el principio de subsidiariedad y la libertad de organización municipal en el ámbito de los servicios de cuidados. En consecuencia se perderían empleos, se encarecerían los servicios, y personas sin recursos quedarían excluidas. Además, desaparecerían ventajas importantes en la contratación pública, como la cooperación intermunicipal y las excepciones para determinados sectores, como el del agua o los servicios de emergencia.

Teniendo en cuenta que la contratación pública de bienes y servicios supone el 16% del PIB de la UE (aproximadamente dos billones de euros en 2013), hay mucho en juego para corporaciones como ACS, FCC, Ferrovial o Martinsa, legitimadas de facto, como oligopolios sin competencia.

La mal llamada cooperación reguladora –otro capítulo del TTIP que se está negociando actualmente– daría al interlocutor comercial e inversor un mayor peso en las fases prelegislativa de los procesos legislativos de la UE, los Estados miembro y los entes locales y regionales, o incluso le permitiría retrasar los procedimientos legislativos exigiendo evaluaciones de impacto de la normativa sobre libre comercio.

En España, 59 municipios se han declarado ‘localidades libres del TTIP’, entre las que, recientemente, podemos contar la ciudad de Barcelona. Además, tres comunidades autónomas, Andalucía, Cantabria y Aragón, han expresado su rechazo más o menos absoluto al contenido regresivo de estos acuerdos comerciales mediante mociones institucionales. En Reino Unido, son 20 las iniciativas municipales aprobadas, y en otro países como Francia, Alemania o Austria se cuentan por cientos de ellas.

Concluyendo, dichos Tratados de Libre Comercio suponen una agresión mayúscula a la libertad democrática e ideológica, a las democracias europeas y a la soberanía popular. El TTIP es un giro autoritario que trata de hacer imposible el cambio hacia políticas de progreso y de defensa del patrimonio común, para mercantilizarlo absolutamente todo. El TTIP es la disolución en la práctica del derecho de la ciudadanía a elegir políticas no neoliberales. Por todo ello, hay que parar el TTIP.

El texto completo de la moción puede ser consultado aquí: Moción TTIP