Ley reguladora del derecho a la vivienda para hacer frente a la emergencia habitacional

en Actos públicos/Actualidad

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Alberto Astudillo, concejal de Ganar Móstoles, explica los motivos de Ganar Móstoles para defender la moción que exige una nueva ley reguladora del derecho a la vivienda que cubra las medidas de mínimos para hacer frente a la emergencia habitacional.

Me gustaría en primer lugar hablar del papel que los movimientos sociales han jugado en la defensa del derecho a la vivienda. Si hoy estamos aquí hablando de derecho a la vivienda es gracias al esfuerzo de miles de personas en todo el Estado, que se han solidarizado con la gente que iba a ser desahuciada. Gente que ha recibido palos, gente que ha puesto sus cuerpos delante de las puertas de las casas de los afectados y afectadas para evitar que les desahuciaran, todo frente a la desidia de unas instituciones que ignoraban y despreciaban a las familias afectadas por un drama estimado en más de medio millón de ejecuciones hipotecarias. Medio millón de familias en la calle.

La primera campaña de la PAH, Stop Desahucios comienza en 2009 (en 2010 en Madrid se para el primer desahucio por la PAH ) consistió precisamente, en ponerle rostro a unas cifras y a un drama silencioso, se trataba del primer paso para visibilizar la cuestión. La respuesta institucional a esta campaña pacifica de desobediencia civil no fue solucionar los problemas de las familias afectadas, sino movilizar enormes dispositivos policiales y efectuar detenciones de activistas, además de una Ley de agilización y fomento del alquiler (Ley de desahucio express) que suponía la desprotección del inquilino.

La segunda campaña se inicia en marzo de 2011 con una Iniciativa Legislativa Popular que recoge los mismos puntos que estamos debatiendo hoy: dación en pago con carácter retroactivo, paralización de desahucios en viviendas habituales con derecho por parte de los habitantes a acceder a un alquiler asequible digno y estable. Esta ILP tuvo el respaldo de 1.402.845 firmas, casi el triple del exigido por la ley. Aun así el Partido Popular y su apisonadora (la mayoría absoluta) tumbaron sustituyéndola por una ley 1/2013, tras retractarse de la postura de no llevarla a trámite.

La tercera campaña que realizo la PAH fue la campaña Sí se puede… pero no quieren, esos escraches que tanto le molestaban al partido popular (2013), que consistía en recordarle a los señores parlamentarios donde estaba el botón verde que ponía fin a la agonía de tantas familias, asumiendo estas medidas de mínimos. Aún así el día de la votación no debieron encontrarlo y prefirieron aprobar una ley que rechazaría el Tribunal Europeo de Justicia.

Pero en lugar de ayudar a las familias el gobierno decidió rescatar a la Banca. Se decidió abandonar a las víctimas de la estafa inmobiliaria y rescatar a los responsables con 100.000 millones de euros. Se decidió adoptar medidas pusilánimes que apenas solucionaban el 1.5% de los casos (de las cuales además se jacta el PP en su último video electoral). Se decidió mantener una legislación totalmente desfavorable con los deudores. Y esto no lo digo yo, lo dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que estableció en sentencia que la legislación hipotecaria aprobada en mayo de 2013 viola los derechos fundamentales de las personas.

Respecto a la Ley 1/2013, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció que violaba los derechos fundamentales, que casualmente coincidía con el 5º recurso de inconstitucionalidad presentado por la PAH contra la Ley 1/2013.

Siguiendo con el compendio de medidas inútiles adoptadas por el gobierno central, no nos podemos olvidar de el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, cuya medida estrella, la moratoria hipotecaria, significaba no solucionar el problema de las familias y esperar… a que la cosa mejorara, o a que interviniera la providencia divina, no sabemos. Lo cierto es que servía para prolongar la angustia de las familias: primero hasta mayo de 2015 y luego hasta mayo de 2017. O el Código de buenas prácticas, que no es otra cosa que un código voluntario para las entidades bancarias que recoge una serie de medidas parciales e impone a las familias deudoras unos requisitos que sólo cumplen en 1% de las familias que tienen problemas para pagar la hipoteca.

Lo que queda claro desde el inicio de la crisis, es que solo la sociedad civil ha dado respuesta y soluciones a los problemas habitacionales: soluciones como la campaña Obra Social de la PAH que ha realojado a más de 2500 personas en casas recuperadas de la especulación y el abandono, acciones que han logrado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos plantee que no se puede desalojar a una familia sin solución habitacional alternativa, dando la razón a las familias y criticando duramente las políticas estatales en materia de vivienda.

Y eso pese a la cerrazón institucional, cuya respuesta ha sido criminalizar y endurecer el Código Penal (la Ley Mordaza preveía multas de 30.000 euros para quienes intentaran paralizar un desahucio). La sociedad civil en materia de vivienda no solo ha conseguido dar lecciones de solidaridad y dignidad en todo el Estado, sino que ha conseguido, además, que la Justicia Europea avale sus acciones, demostrando que la única garantía democrática es una sociedad civil desobediente y organizada. Es por eso que vamos a votar a favor de esta moción que, hemos presentado, sin cambiar una coma.

[…]

Como decía en la intervención anterior la sociedad civil ha ido siempre por delante en la protección de Derecho a la Vivienda. He hablado de políticas estatales en materia de vivienda; ahora trataré de aterrizar la cuestión en nuestro municipio, no sin antes resaltar que la única medida que ha tomado la Comunidad Autónoma de Madrid ha sido la de vender, a entidades financieras como LAZORA-Goldman-Sach (comúnmente conocidos como fondos buitre), la vivienda pública del IVIMA, hecho por el cual se encuentra imputada su directora general Ana Gomendio por presunta prevaricación y malversación.

Mientras, en nuestro municipio solo se maneja un dato en el tema; solo uno porque no ha habido voluntad de hacer un diagnóstico, ni de solucionar los problemas de vivienda. Según el Decanato de los Juzgados de Móstoles, entre 2007 y 2014 se han producido 2940 ejecuciones hipotecarias, de las cuales 2592 han terminado en lanzamiento judicial. Esto son 2592 familias en la calle.

Y lo peor de todo es que el año 2015 no pinta mucho mejor —a juzgar por los datos ofrecidos por el CGPJ— que nos dice que el ritmo de los desahucios no para y que ya ascienden a 18.869 en el primer trimestre de 2015. Un 2.1% más que en el mismo periodo de 2014.

Y… ¿Qué hicieron ustedes ante este panorama? Nada.

Reflejo de esta dejación para defender los derechos de nuestras vecinas y vecinos, el 27 de febrero de 2014 enmendaron una moción presentada por los mismos que hoy nos presentan esta moción —la asamblea de Stop Desahucios. En la enmienda que presentaron ustedes se instaba a no hacer nada. A dejar las cosas como estaban, pese a hacer un alegato al articulo 47 de la CE.

Es un tema de voluntad, porque sí se puede.