Los Verdes de Madrid, denunciantes de las irregularidades cometidas en la ejecución de la Vía Verde a Almorox en el término de Móstoles, han comunicado que la Audiencia Provincial de Madrid ha revocado el archivo de la causa dictado en su día por el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Móstoles, reactivándose, así, el procedimiento que había quedado interrumpido.
Recuerdan que este tramo de la senda ecológica se llevó a cabo con los 906.000 € concedidos al Ayuntamiento, entonces gobernado por Esteban Parro, dentro del Plan É de 2010 del gobierno de Rodríguez Zapatero, observándose que, en su ejecución, se habían omitido partidas tan fundamentales como la de la plantación de árboles y vegetación del camino, el saneamiento y pintado de la estructura del monumental puente ferroviario sobre el Río Guadarrama, o la sustitución de la zahorra proyectada por un conglomerado de materiales profusamente contaminados con elementos de desecho.
Para compensar la lógica reducción del costo total del presupuesto que con ello se producía, se recurrió a inflar los números con argucias tales como el cobro de partidas por duplicado o la aplicación de sobreprecios en los materiales y la de mediciones imposibles. La diferencia entre las cantidades presupuestadas y las realmente ejecutadas, es la que se supone que ha sido ilícitamente destinada a fines ajenos al proyecto subvencionado por el fondo estatal.
Denunciado el asunto ante la Fiscalía Anticorrupción, se derivó a la de Móstoles, que advirtió indicios de malversación de fondos públicos, por lo que el asunto pasó al mencionado Juzgado de Instrucción.
La jueza titular recabó un dictamen pericial del Colegio de Ingenieros de Caminos, que informó, de manera inequívoca, de que se habían producido modificaciones sustanciales e injustificadas en el proyecto, aparte de un conjunto de inexplicables y desproporcionados desajustes e irregularidades. Con anterioridad, los denunciantes ya habían presentado otros peritajes oficiales, que se habían pronunciado en la misma dirección.
Es importante significar aquí que la Ley de Contratos del Sector Público excluye expresamente la posibilidad de introducir modificaciones que afecten a las condiciones esenciales del contrato.
Sorprendentemente, un juez interino ordenó el archivo provisional de la causa, sin ni siquiera mencionar el informe pericial recabado por su compañera a la que sustituía, a sabiendas de que este dictamen, que confirmaba ampliamente las irregularidades denunciadas, obraba ya en poder del juzgado desde hacía meses, lo que obligó a los demandantes a apelar ante la Audiencia Provincial, que es la que ahora ha revocado la que ellos consideran una arbitraria decisión adoptada en su día por el juez de Instrucción.
Ello ha supuesto una injustificada demora de más de dos años en el procedimiento, del total de los más de cuatro transcurridos desde que, en enero de 2012, Los Verdes presentaron su primera denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.
Los Verdes de Madrid afirman que ahora retomarán sus actuaciones con mayor celo, si cabe, hasta que se esclarezca donde está ese dinero y se depuren todas las responsabilidades de quienes, por acción u omisión, hayan faltado a sus obligaciones en este asunto.
Por otro lado, reclaman del nuevo alcalde que se implique, con todas las consecuencias, en la ineludible aclaración de estos hechos, habida cuenta, además, de que, paradójicamente, el abogado designado en su día por su antecesor, el Sr. Parro, lejos de defender los intereses del Ayuntamiento del que ha venido cobrando sus minutas a cargo del dinero de los contribuyentes, se ha empleado en encubrir precisamente a quienes han malversado sus fondos.
