El portavoz del Grupo Municipal de Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, expuso en una moción del pleno del Ayuntamiento de Móstoles del 24 de septiembre la petición de reapertura de la comisión de investigación sobre los hechos investigados por el juez Velasco dentro de la conocida como Operación Púnica. La anterior comisión, hecha durante la legislatura del Partido Popular, se cerró sin haber declarado siquiera el anterior regidor, Daniel Ortiz.
A lo largo del verano, tras el levantamiento del secreto de sumario en torno a la conocida como trama Púnica, hemos sabido de la existencia de conversaciones grabadas, testimonios y documentos que exigen profundizar tanto en las explicaciones a la ciudadanía, como en la investigación de cuantos contratos han existido entre nuestro Ayuntamiento y las empresas que, una y otra vez, aparecen en los medios de comunicación como presuntos responsables de un sistema de dádivas a diferentes responsables políticos.
Hechos referentes a la revelación de la investigación oficial a los señores Marjaliza y Granados.
Hechos referentes a la Comunidad de Murcia.
Hechos referentes a la actuación en torno al Ayuntamiento de Valdemoro (urbanismo y contratación).
Hechos referentes a Cofely.
Hechos referentes al señor Granados y colaboradores.
Hechos referentes a Eico, Madiva, Señores de Pedro y Alonso Conesa, reputación online en otras diversas Administraciones Públicas y empresas.
Otros hechos (que continuarán en la pieza principal).
Por eso, desde Ganar Móstoles, propusimos reabrir las investigaciones, pues, en nuestra modesta opinión, se lo debemos al conjunto de la ciudadanía. Una ciudadanía harta de contemplar como, mientras crece de forma incesante la desigualdad y las dificultades para los más, conocemos por la vía de los medios de comunicación las tropelías y desmanes de los menos, utilizando la administración pública de forma torticera y repugnante. Según un informe de la Guardia Civil recogido en el sumario, una veintena de municipios madrileños gobernados por el PP habrían pagado, presuntamente, a través de contratos públicos eventos personales pero también del partido. Para ello se utilizaba a los empresarios que formaban parte de esta trama, sin que mediaran concursos públicos.
Según el informe de la Guardia Civil, “en algunos casos [hay] incluso evidencia documental de que el coste de dichos eventos habría sido incluido de forma fraudulenta cargando los importes en facturas vinculadas a contratos públicos de fiestas locales”.
En Valdemoro, Waiter Music consiguió a dedo 18 de las últimas veinte licitaciones. En Torrejón de Velasco facturó al menos 80.000 euros, en Moraleja de Enmedio o Móstoles, cerca de medio millón de euros.
Y que decir de la relación con Cofely, la empresa que acaparó, presuntamente, 160 de los 250 millones de euros en adjudicaciones de contratos públicos que se investigan en la trama.
Por último, quisiera hacer una aclaración a la bancada del Partido Popular, parece ser que, bastante molesta, por las declaraciones que hice como portavoz de mi grupo sobre la Púnica.
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada solicitó el 27 de octubre de 2014 (Diligencias Previas 85/2014) la imputación de la empresa COFELY ESPAÑA S.A ya que “El comportamiento de sus directivos presenta indicios reiterados y múltiples, de haber hecho ofrecimientos de dadivas, promesas y pagos de comisiones a los ediles municipales de los ayuntamientos mencionados, junto con un comportamiento redundante en procurarse influencias indebidas y corruptoras con intermediarios, y conseguidores próximos a los alcaldes y concejales”.
Continúan las Fiscales afirmando que “El plan criminal de la empresa va mas allá construyendo los circuitos de pagos de las comisiones. No son los márgenes comerciales de COFELY ESPAÑA de donde van a partir esos pagos, sino que se están planificando delitos de malversación para perjudicar a las Haciendas Locales con un quebranto económico añadido.”
La “mordida” pactada no se limitaba, según la Fiscalía, a un pago inicial de 240.000 euros, sino que se mantendría durante los 12 años de vigencia del contrato, pagando una comisión anual de 121.905,79 euros, lo que habría supuesto una “comisión” total de 1.702.869,48 euros.
La recomendación formulada por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional fue desoída por Daniel Ortiz y su gobierno, que mantuvieron el contrato hasta el último día de su mandato, todo ello pese a que el anterior alcalde se comprometió a resolver “el contrato a la empresa Cofely si existen incumplimientos graves en la prestación de servicios…”, incumplimientos que han sido continuos desde el primer día en que esta empresa llegó a nuestra ciudad.
