La intervención de Miguel Ángel Ortega, concejal de Ganar Móstoles explica a la ciudadanía lo que entrañan los Planes de Pago a Proveedores diseñados por el Partido Popular durante el Pleno Municipal de ayer, día 24 de septiembre de 2014, incluído el primer punto del Orden del Día sobre Daciones de Cuentas. A continuación enumera algunas de las fuentes de financiación que tienen los Ayuntamientos y que no han sido correctamente empleadas durante el gobierno del Partido Popular.
«Nos gustaría intervenir con respecto en este punto, pese a que sea una simple rendición de cuentas, ya que es la primera vez que podemos fijar nuestra posición en un foro institucional, más allá de lo que una mayoría social viene diciendo en plazas y calles desde el año 2011. Los Planes de Pago a Proveedores, entre otras muchas medias económicas del gobierno del PP, responden a un claro posicionamiento ideológico que cumple varias funciones dentro del diseño económico neoliberal.
Por un lado se obvia el problema principal de los municipios, que no es otro que la falta de una financiación suficiente para el papel que cumplen. Son la Administración más cercana a la ciudadanía y la primera en prestar servicios esenciales para la vida. Este mal endémico no se ha querido solucionar en ningún momento, por lo que toda medida que se tome sin atajar el origen del problema no será más que un parche temporal.
Se hace imprescindible una segunda descentralización municipalista que corrija definitivamente este déficit democrático.
Medidas como los Planes de Pago a Proveedores no sólo no aportan soluciones sino que generan mayores problemas a largo plazo a los Ayuntamientos españoles, ya que convertir deuda mercantil en deuda financiera a largo plazo condiciona a futuro las posibilidades económicas de los municipios, impidiendo o dificultando que los cambios políticos se expresen en cambios de orientación económica. Dicho de otro modo: «atado y bien atado»
En el caso concreto de nuestra ciudad, pese a haber acudido a dos Planes de Pago a Proveedores, el primero aprobado en Pleno el 28 de marzo de 2012 por un importe total de 39.390.541,18 € y un segundo plan, aprobado en Pleno el 26 de septiembre de 2013 por un importe total de 25.063.359,07 €, sumando ambos 64.328.127,59 €, que han convertido deuda mercantil en deuda financiera a largo plazo, el Periodo Medio de Pago a Proveedores mensual sigue manteniéndose en el borde del límite legal que provocaría un mayor grado de intervención del Ayuntamiento por parte del Ministerio de Hacienda. Un dato que además tiene una perspectiva de empeoramiento ya que los préstamos bancarios han tenido una carencia en el pago de intereses y principal de dos años, carencia que finalizará durante el próximo ejercicio, lo que supondrá una tensión financiera añadida que afectará negativamente a la capacidad de pago del Ayuntamiento.
Así, Planes de Pago y conversión de deuda que, teóricamente, deberían haber servido para acabar con los retrasos en los pagos se convertirán en una carga añadida sobre las cuentas municipales cuando haya que afrontar el pago íntegro de los créditos bancarios suscritos.
Concurrir a la financiación que suponían los Planes de Pago a Proveedores conllevó la obligación de adoptar un Plan de Ajuste que garantizase el reintegro, prioritario, de los préstamos bancarios que se formalizaron.
Ese Plan de Ajuste, pese a contemplar varias medidas, se ha sustentado tan sólo dos patas: Incremento de la presión fiscal hacia la ciudadanía y recortes contra los empleados municipales.
La medida 1.1, por el lado de los ingresos, contemplaba subidas de impuestos, específicamente una subida continuada en el tiempo del IBI, con un tipo impositivo del 0.7085 durante los ejercicios 2012 y 2013 y el mantenimiento de un 0.68 hasta el año 2020 —el tipo más alto de toda la Comunidad de Madrid. Hay que recordar además que esta subida vino acompañada de una revisión catastral en el año 2011 que anticipó el desplome del valor de las viviendas del año 2012, por lo que se ha hecho soportar a los vecinos y vecinas de Móstoles un impuesto que ya no se correspondía con el valor actual y real de sus viviendas.
No exploraron vías alternativas o complementarias para mejorar los ingresos, como el que permite la ley 51/2002 de 27 de diciembre, que permite gravar con un recargo de hasta el 50% la cuota líquida del IBI en inmuebles de uso residencial que se encuentran desocupados. Según un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos sobre la situación de la vivienda en Móstoles, tan sólo en manos de entidades financieras e inmobiliarias hay más de 3.000 viviendas en esta situación en nuestra localidad.
La medida 2.1 por el lado de los gastos, afectaba directamente a la plantilla municipal, suspendiendo derechos económicos como el Fondo de Acción Social, vigente hasta el día de hoy, reducciones de plantilla mediante jubilaciones anticipadas y el despido de 19 trabajadores del Patronato de Escuelas Infantiles.
Estas dos medidas son las únicas que se han ejecutado plenamente y las únicas que han sostenido su Plan de Ajuste durante estos dos años.
Otras medidas, que en principio eran de puro sentido común, como la “Potenciación de la inspección tributaria para detectar hechos imponibles no gravados” ha resultado justo en lo contrario: Disminución de plantilla de la Unidad de Inspección Fiscal, que cuenta con dos inspectores menos de una plantilla inicial de seis y una carencia absoluta de medios para ejercer su labor.
Hacer dejación de sus obligaciones hace posible que, por poner un ejemplo, desde el año 2009 no se haya realizado ninguna inspección sobre la liquidación de la tasa de utilización privativa del suelo y subsuelo.
Esta tasa es pagada por las grandes empresas de suministros, empresas como Gas Natural, Iberdrola, Canal de Isabel II, Endesa… empresas que año tras año, mejoran sus datos de facturación y sus márgenes de beneficio pese a la crisis.
Pues bien, en la liquidación del presupuesto del 2014 podemos comprobar que el año pasado, por esta tasa, la recaudación líquida ha ascendido a 1.469.852,28 €.
Les propongo un simple ejercicio aritmético deductivo:
En Móstoles hay 76.701 viviendas.
La factura eléctrica media en España, según el Instituto de Estadística, asciende a 912,12 € anuales.
El resultado de multiplicar 76.701 viviendas por 912,12 euros anuales nos arroja una facturación DE 69.960.516 euros al año, tan solo de las compañías eléctricas, tanto de suministro como de transporte de energía.
Ahora apliquen a esos 69 millones el tipo impositivo aplicado en la tasa, un 1.5% y verán que el resultado asciende a 1.409.407 € anuales.
El año pasado ingresamos en total, de todas las compañías que operan en Móstoles, poco más de 1.400.000 €.
Hagan sus cuentas y evalúen el coste que su ineptitud ha tenido para las arcas municipales durante su mandato.»
