Buenas tardes a todas y a todos los presentes en el Pleno y también a los que desde sus casas a estas horas aún nos siguen.
Tras las multitudinarias manifestaciones de ayer en toda España esta mañana el Sr. Rajoy anunciaba en el debate de investidura que deja sin efecto académico las reválidas educativas, la última medida de la LOMCE que entra en funcionamiento este curso: que la prueba de Bachillerato se mantiene como examen de acceso para la Universidad y la de ESO se convertiría en una prueba de diagnóstico, hasta que haya un pacto por la Educación.
Como a los brindis al sol ya estamos acostumbrados es mejor que hoy continuemos con lo que nos ocupa.
El pasado 29 de julio un gobierno en funciones con su acostumbrada agosticidad y alevosía aprobaba el Real Decreto 310/2016 que desarrolla las pruebas de evaluación, comúnmente denominadas Reválidas, para los cursos de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato.
Son probablemente el aspecto más nocivo y que menos consenso suscita de la LOMCE en la medida que supedita la titulación en las etapas de ESO y Bachillerato a su calificación positiva. Un auténtico sinsentido que afectará según datos del propio Ministerio de Educación a 335.991 alumnos de ESO y a 229.332 de Bachillerato, más de 550.000 alumnos que aun habiendo aprobado todas las asignaturas este curso tendrán que someterse a un rancio (porque sabe rancio) examen.
Nos parece, entre otras muchas cosas, una auténtica provocación: por haberse dictado la norma gobernando en funciones, de manera unilateral y sin legitimidad política para hacerlo, por no respetar la voluntad democrática manifestada una y otra vez por la comunidad educativa.
Alumnos de 4º de la ESO: Han aprobado su curso, 16 años quizás no cumplidos, suspenden la prueba y quedan a la espera de repetir el examen o salir directamente del sistema educativo. Parece con ello que las evaluaciones lejos de tener una función formativa se muestran así claramente antipedagógicas, sancionadoras y excluyentes.
Alumnos de Bachillerato: el Real Decreto conserva la capacidad de cada universidad para mantener pruebas propias. Es decir que en muchos años no se hará en condiciones de igualdad.
¿Saben cuántas materias como mínimo habrán superado nuestros alumnos desde los 3 años? Pues un mínimo de 120 materias que con las evaluaciones trimestrales suponen unas 360 evaluaciones trimestrales más los cientos de exámenes parciales también llamados controles que les hacen entremedias. Pues todo eso se lo juega nuestro alumnado en la reválida de bachillerato. ¿Les parece justo? A nosotros no. A nosotros lo que nos parece es que estigmatizan al alumnado, al profesorado y a los centros, porque como bien marca esa ley que las regula y a la que no nos cansaremos de decir no, incrementan una vez más las desigualdades estructurales quedando muy lejos del carácter compensador que debe tener nuestro sistema educativo.
Les decía antes que nos saben rancias. Mucho. Porque son la expresión de un modelo arcaico de una sucesión de exámenes que finalmente pareciera que pretenden impedir al alumnado ejercer el derecho a la Educación.
Qué pena también para nuestros docentes. Tendrán que emplear un tiempo valioso para su preparación para que finalmente su función quede minusvalorada y puesta en tela de juicio por un maldito examen externo. Lo harán personas que no conocen a su alumnado, que no sabrán valorar su progreso educativo, ni su esfuerzo, ni sus circunstancias personales. Y sin embargo esa nota determinará su futuro.
Pero es que además van a ser un suculento negocio para algunas empresas que se encarguen de su realización. Recortes educativos continuos, negocio para unos pocos, sufrimiento para nuestros estudiantes. ¡Qué triste invento el suyo!
Invento sin desarrollar encima, porque el alumnado no sabe de qué se le examinará, los profesores no saben cómo ayudarles. La única información que tenemos sobre las mismas es que antes del 30 de noviembre han de conocerse las características de estas pruebas para el curso 2016-2017. ¿Esto es información? Esto es inseguridad. Esto es indefensión.
Han sido cuestionadas por todos los sectores de la comunidad educativa, por la mayoría de los gobiernos autonómicos y de los responsables políticos. Solo su partido insiste en imponer antidemocráticamente estas pruebas externas.
Ayer en la manifestación fueron miles y miles de estudiantes, familias y docentes las que lo gritaron. Un auténtico tsunami el que recorrió toda España. Más de 60 manifestaciones convocadas, con una asistencia multitudinaria. Hoy en este Pleno que también es la casa de todo el alumnado mostoleño, pedimos su derogación inmediata.
Mantenimiento de centros educativos públicos
Y si de recortes y barbaridades estábamos hablando no podemos dejar pasar ese otro lado, el del continente, porque también Educación es el estado de los edificios que cada día acogen a nuestros estudiantes. Y son muchos.
Para evaluar el estado de conservación de los centros escolares públicos de nuestra ciudad hay que remontarse a lo ocurrido en los últimos años y conocer algunas cifras. Móstoles dispone actualmente de treinta y cinco colegios públicos, además de 3 Casas de Niños, 6 Escuelas Infantiles públicas, 1 colegio de Educación Especial, una centro de Educación Permanente de Adultos y una Unidad de Formación e Inserción Laboral (U.F.I.L.), edificio Sede de la UNED en Móstoles. Los colegios, en concreto, tienen una edad media cercana a los treinta años de antigüedad (alguno de estos centros sobrepasa largamente los cuarenta años de edad). La tipología constructiva es variada, destacando los centros más antiguos, construidos durante el tiempo de los primeros gobiernos democráticos. En aquél momento el problema principal era escolarizar rápidamente a una población infantil que había llegado a la localidad y para la que no había plazas escolares. Como ayer, también fueron tiempos de intensas movilizaciones ciudadanas por el derecho a la escolarización y la respuesta se concretó en la rápida construcción de colegios públicos para atender la demanda que existía.
Aquellos problemas de escolarización comenzaron a remitir en 1986 y tal necesidad de construir en un breve periodo de tiempo devino en una tipología de edificios caracterizados por estar proyectados para estar en activo por un periodo máximo de quince/veinte años, y por una baja calidad constructiva. Todos estos colegios se acercan ahora a los cuarenta años de edad, habiendo duplicado la mayoría el tiempo de vida útil para el que fueron concebidos.
Ante semejante panorama resulta patente que la mayoría de los colegios públicos de Móstoles deberían haber sido rehabilitados integralmente hace bastante tiempo, cosa que no ha ocurrido, limitándose las obras realizadas durante la última década a obras de pequeño alcance, las más de las veces realizadas por el Ayuntamiento de Móstoles. Aquí llegamos a una cuestión clave: ¿quién tiene la obligación y competencia para rehabilitar los colegios públicos? La respuesta es inequívoca: la rehabilitación y obras de mejora de los centros escolares públicos le corresponde a la Comunidad de Madrid mientras que los ayuntamientos tienen la obligación de mantenerlos. Mantenerlos significa que al Ayuntamiento le competen intervenciones menores, que no implican ejecuciones de obras, como el cambio de luces, o el arreglo de puertas, persianas, cisternas o ventanas.
Es la Comunidad de Madrid la institución que tiene que hacerse cargo de la rehabilitación de edificios en su dimensión estructural.
El estado que presentan actualmente los treinta y cinco colegios públicos de Móstoles va desde lo lamentable a lo ruinoso, con graves deficiencias de todo tipo que es urgente e inaplazable corregir ya que están influyendo muy negativamente en el normal funcionamiento de los centros.
Entre las actuaciones más urgentes a acometer están:
1. Extrema antigüedad de la instalación eléctrica: Agravada por la incorporación del uso de las nuevas tecnologías en los centros educativos. Avances necesarios para atender los requerimientos de la normativa de la propia Comunidad de Madrid: matriculación, evaluaciones, seguimiento, contabilidad interna, comunicación la administración electrónica, páginas web, correo electrónico, etc,. Incorporación de nuevas tecnologías en la práctica docente con el uso de las pizarras digitales.
Todo ello exige una ampliación y renovación integral de las instalaciones eléctricas de los centros docentes. Implantación de la fibra óptica. Aumento de la potencia contratada para atender las nuevas necesidades. Y últimamente los cambios de contadores analógicos por contadores digitales.
2. El estado de las tuberías de suministro de agua: Instalaciones originales, de hierro, que exigen un cambio integral por estar totalmente colmatadas de óxido. Ya se han cambiado algunos centros con presupuesto municipal, pero aún quedan muchos por cambiar.
3. El estado de las cubiertas: Cuentan con innumerables goteras, exigiendo una reforma integral, ya que está afectando la labor docente en las aulas del último piso.
4. La reforma integral de los aseos: Es una constante demanda de los Centros, debido a la antigüedad de los mismos ya no se encuentran piezas de recambio.
5.Los cerramientos están obsoletos: Muros sin aislamiento, persianas, ventanas de un solo cristal, etc. que ocasionan una pérdida de confort y un derroche de energía inasumible; además, se debe corregir esta situación para cumplir con la normativa de eficiencia y ahorro energético.
6. Las pistas deportivas se encuentran en pésimo estado: Puede provocar, en algunos casos peligro de accidentes. Con presupuesto municipal se han ido abordando algunas reformas de pistas deportivas, pero aún quedan muchas por acometer.
En varias ocasiones se ha interpelado desde el actual gobierno municipal al gobierno de Cristina Cifuentes para que asuma su responsabilidad con nulo resultado, y la realidad no es otra que la Comunidad de Madrid lleva más de diez años sin invertir en los colegios públicos mostoleños. Un abandono, que como se indicaba en la lectura de la moción, se remonta al año 1999, con el traspaso de competencias, fecha desde que la dejación de responsabilidades por parte de la Comunidad de Madrid para con los colegios públicos de Móstoles ha sido absoluta.
Así que, dado que este gobierno está haciendo un importante esfuerzo presupuestario para solventar algunas de las deficiencias más urgentes, claramente insuficiente ante el estado de necesidad de nuestros centros, les pedimos que dejen de tocar la zambomba, voten a favor de esta moción y exijan con nosotros a la Comunidad de Madrid que cumpla con su obligación legal de rehabilitar y mejorar los centros educativos públicos de Móstoles con tan graves problemas en sus instalaciones que sólo se pueden corregir mediante una rehabilitación integral de los mismos.
