Daniel Ortiz, exalcalde de Móstoles, investigado

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Tal y como confirman desde el Poder Judicial, Daniel Ortiz, exalcalde de Móstoles, actual concejal portavoz del grupo del Partido Popular en Móstoles y diputado en la Asamblea de Madrid por el PP, será finalmente investigado por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este tribunal ha aceptado la competencia para investigarle tal y como pidió el instructor de la Operación Púnica, el juez Velasco. Daniel Ortiz será investigado por haber favorecido supuestamente a la empresa Cofely con un contrato de 73 millones de euros durante su etapa como alcalde de Móstoles a cambio de un soborno de 746.000 euros. Este contrato fue adjudicado el 20 de mayo de 2014.

Los jueces detallan en su auto que “se han detectado presuntos actos de corrupción en beneficio de la mercantil Cofely España, con ánimo de lucro personal como contrapartida tanto de este regidor del Ayuntamiento como de su concejal de Medio Ambiente, Alejandro Utrilla, y su hermano Mario [anterior alcalde de la población de Sevilla la Nueva]”.

En el auto publicado, se expliciuta que Ortiz y Utrilla se erigieron como intermediarios representantes en las negociaciones del cobro de dádivas, actuando activamente por parte de Cofely los responsables del Departamento Comercial.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid afirma que Daniel Ortiz «participó activamente» en el proceso de adjudicación del contrato con la empresa Cofely «recabando información del avance de la fase de licitación presionando continuamente a empleados públicos y autoridades municipales, prevaliéndose de su posición como alcalde». Los magistrados afirman que presionó sobre todo al concejal promotor David Sánchez Rey, «llegando incluso a solicitarle la interrupción del procedimiento de adjudicación, interfiriendo en el proceso reglado de decisión de la Mesa de Contratación».

Los jueces infieren la creación de “una dinámica de mensajes e intercambios de informes confidenciales que generaron un auténtico circuito paralelo encubierto de licitación” y que facilitó “subrepticiamente” a Cofely “documentos confidenciales de oferta de los competidores”.

Los magistrados consideran estos hechos como susceptibles de ser constitutivos de los siguientes delitos: Fraude contra la Administración pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos e informaciones, además de cohecho.

Se ha designado en calidad de instructora de la causa a la magistrada Susana Polo García, quien será la encargada de determinar aquellas personas que deben figurar en esta causa como investigados por su participación conexa con los hechos imputados a Daniel Ortiz, además del propio investigado.

Interrogada al respecto, Cristina Cifuentes dijo que si Ortiz resultaba finalmente investigado formalmente, tendría que dimitir, pues es el compromiso que adquirieron todos los diputados populares al firmar el código ético del partido.

Inmediatamente después de conocerse la noticia, el concejal portavoz de Ganar Móstoles ha declarado:

Esto viene a constatar que los que se presentaban como expertos gestores lo han sido presuntamente para sus intereses particulares. El PP parece haber incluído a nuestra ciudad en las innumerables tramas de corrupción orquestadas desde dicho partido. Nos avergüenza profundamente como mostoleños que un ex-regidor de nuestra ciudad pase por los tribunales —mucho más si es por un presunto caso de corrupción y de delitos que afectan a la confianza que los ciudadanos y ciudadanas depositaron en él y en su partido—, pero por el otro lado, nos sentimos moderadamente satisfechos al ver que aquello que sospechábamos tiene una traducción real en los tribunales. El TSJM ha decidido que es hora de que el PP sea investigado y el Grupo Municipal de Ganar Móstoles no está en desacuerdo.

En declaraciones hechas esta misma mañana, el grupo popular ha querido destacar que Daniel Ortiz mantendrá su acta como diputado en la Asamblea de Madrid porque «no está investigado» y que «la única novedad» que se ha producido es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aceptado su competencia para determinar si lo hace o no.

De este modo, su partido avanza que Ortiz solo entregará su acta si finalmente recibe una citación formal del juez para citarle a declarar en calidad de investigado, como dictamina el código ético del PP. «Aún no ha pasado», han recalcado. Mientras tanto, han informado de que «no se va a tomar ninguna determinación» sobre Ortiz.