El diario digital El Español, dirigido por Pedro J. Ramírez, ha revelado una investigación que señala a Daniel Ortiz, ex-alcalde de Móstoles, portavoz del grupo municipal del Partido Popular de la misma localidad y diputado en la Asamblea de Madrid como presunto autor de delitos de fraude y cohecho, al beneficiar a la empresa Cofely e intermediar a su favor en un contrato de más de 70 millones de euros. A cambio de la firma de este contrato, «independientemente de cuál fuera la oferta más ventajosa» para la ciudad de Móstoles, la empresa repartiría entre el ex-alcalde y otros miembros de la corporación un soborno de 240.000 euros.
Las investigaciones del sumario que estudia el juez Velasco ya hicieron que el Ayuntamiento de Móstoles fuese intervenido por la Guardia Civil, que se incautó de numerosa documentación, además de llevarse por delante al entonces concejal del Partido Popular Alejandro Utrilla. Las conversaciones y cadenas de mensajes entre responsables de Cofely, miembros del Ayuntamiento de Móstoles y el empresario conseguidor David Marjaliza, se produjeron diez meses antes de la firma del contrato del mismo ayuntamiento con la empresa investigada. El mismo concejal defenestrado —de nuevo según informaciones del diario de Pedro J. Ramírez— facilitó información bancaria confidencial a Cofely sobre sus competidoras.
Daniel Ortiz, que se comprometió en junio con la firma de un Código Ético cuando fue elegido como diputado en la Asamblea de Madrid que implicaba abandonar su escaño en el caso de ser imputado o investigado por corrupción u otros delitos que creasen alarma social, se encuentra ahora en una situación que le obligará a cumplir su palabra.
Los correos intervenidos señalan la presunta coincidencia entres las actuaciones de Alejandro Utrilla con Daniel Ortiz. En el contenido de una de las conversaciones intervenidas, uno de los miembros directivos de Cofely llega a afirmar que «lo que es indiscutible es que nadie puede negar que nos han hechado una mano en que resultásemos adjudicatarios del contrato», mano que se pagó con 240.000 euros en concepto de soborno.
Otras conversaciones entre David Marjaliza, Alejandro Utrilla y Pedro García hablan de entregas a Mario Utrilla —regidor en la población vecina de Sevilla la Nueva y hermano del concejal popular de Móstoles— del pagos no justificados de 6.000 euros. Otros 6.000 euros aparecieron anotados en documentos intervenidos en la sede de una de las empresas de Marjaliza con la grafía «Most:6000 euros».
En una de las llamadas intervenidas, Alejandro Utrilla, que a juicio de los investigadores ya había tomado control de la elaboración de la trama sin la ayuda de su hermano Mario Utrilla, insiste en la urgencia de agilizar los pagos (de la mordida) porque el jefe (presuntamente Daniel Ortiz) le habría dado órdenes de «arreglarlo de una vez, porque esto no puede seguir así».
Concluye El Español que no puede haber dudas sobre la necesaria implicación de Daniel Ortiz para que el concurso de mantenimiento firmado lo obtuviese Cofely. El texto de investigación concluye con el siguiente párrafo:
«Los investigadores señalan a Daniel Ortiz como presunto autor de los delitos de fraude y cohecho; a Alejandro Utrilla como presunto autor de los delitos de fraude, cohecho y revelación de secretos; a Mario Utrilla como presunto autor de cohecho. También indican que Marjaliza sería el presunto autor de organización criminal, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, falsedad documental y cohecho; a Antonio Ruiz como presunto cooperador necesario de los delitos de falsedad documental, apropiación indebida y malversación de fondos públicos y a Ana María Ramírez presunta autora de delitos de falsedad documental, apropiación indebida y malversación de fondos públicos».
