Según avanza la documentación aparecida en diversos medios de comunicación, constructoras y empresas de servicios han pagado hasta este mismo año en municipios de la Comunidad de Madrid gobernados por el PP más de 400.000 euros en concepto de encuestas electorales. A cambio obtuvieron presuntamente adjudicaciones públicas.
Entre las empresas implicadas aparecen entidades dedicadas a la construcción y servicios, como FCC, Urbaser, Ortiz Construcciones y Proyectos, y Avintia; consultoras y empresas asesoras de imagen, tales como Ruiz & San Juan, Noxa Consulting, Focus Asesoría e Imagen y Open Sport; las empresas del ya conocido conseguidor David Marjaliza, Vancouver, Ruta Energética o Inversiones y Estudios Urbanos; o incluso una fundación cultural (Valdemoro Siglo XXI). Todas ellas contaron con la complicidad y colaboración de la consultora TNS, encargada de las encuentas electorales.
El ámbito de actuación de esta trama se extiende por las localidades de Valdemoro, Alcalá de Henares, Móstoles, Pozuelo de Alarcón, Alcobendas, Brunete, Torrejón de Velasco (todas ellas en manos del Partido Popular) y Parla (gobernada por el PSOE).
A tenor de las mismas fuentes, estas empresas camuflaban los sondeos de intención de voto bajo la apariencia de estudios socioeconómicos con la complicidad y colaboración de la consultora TNS, encargada siempre de ejecutar las encuestas, cuyo director de Proyectos, Víctor Manuel Sobrino, ya ha sido imputado por malversación, cohecho y fraude por el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Eloy Velasco.
Esta modalidad fraudulenta de operar es la empleada, según se desprende de la documentación, por Urbaser, gestora de residuos del grupo ACS, que abonó 40.000 euros en 2008 para que TNS realizase dos sondeos de opinión para el PP de Móstoles. Urbaser logró la adjudicación del servicio de limpieza en la localidad.
Del mismo modo y siempre según la documentación del sumario publicada, Focus Asesoría e Imagen abonó en concepto de encuestas electorales también en el municipio de Móstoles entre 2013 y 2015 por un valor de 28.461 euros.
Cofely también pagó encuestas electorales al menos en Torrejón de Velasco y Parla por un total de 65.000, camufladas bajo la apariencia de estudios sobre eficiencia energética. Justamente Cofely es la empresa que se ocupa del suministro energético y de agua en Móstoles, amén del mantenimiento integral de los colegios públicos de la localidad. En verano trascendió, al publicarse la transcripción de las escuchas realizadas por la Unidad de Delitos Fiscales de la Policía, que mediaba un soborno de 240.000 euros para hacerse adjudicataria de un contrato por el que percibiría 73.143.434,76 euros de las arcas municipales.
Pero los investigadores de la Operación Púnica han detectado otras fórmulas sospechosas más allá del encargo de encuestas electorales, como son las organizaciones de actos electorales para el Partido Popular. En el ojo del huracán de esta modalidad se encuentra la empresa Waiter Music, quien después era recompensada con adjudicaciones en los municipios madrileños, con un modus operandi similar a los investigados en el caso Gürtel. Waiter Music ha facturado al consistorio mostoleño una nada despreciable cifra superior a 976.000 euros.
El grupo municipal de Ganar Móstoles presentará un listado de empresas para que se compruebe por los servicios municipales si han resultado adjudicatarias de algún contrato con el Consistorio o cualquiera de sus empresas y organismos autónomos, a efecto de incluirlas en los trabajos de investigación a desarrollar por la comisión especial de investigación sobre la Trama Púnica en el Ayuntamiento de Móstoles.
