Las elecciones del 20D abren un nuevo ciclo político que puede y debe ser muy diferente del anterior y contar, ojalá que sí, con un gobierno de España que revierta los innumerables recortes y que vele por la justicia social y la recuperación de los derechos y libertades que tan duramente han sido golpeados en estos años.
Llevamos ya entre 7 y 8 años de la llamada crisis económica, que se ha traducido en un ajuste brutal que ha modificado a peor la vida de la mayoría de ciudadanas y ciudadanos.
Una crisis financiera, provocada por políticas fuertemente especulativas de las grandes fortunas y la gran banca, que ha sido pagada con sangre, sudor y lágrimas por quienes no la provocaron.
Desde entonces han empeorado ostensiblemente los salarios y las condiciones de vida de todos, menos de una pequeña élite.
Así, en éstos días, gracias al informe de Intermón-Oxfam, organismo poco sospechoso, hemos conocido datos sobre los resultados de las políticas llevadas a cabo desde entonces, como que los 20 españoles más ricos tienen tanto como el 30% más pobre.
Según la agencia estadística europea, Eurostat, es de los países donde más ha aumentado la desigualdad desde el inicio de la crisis: casi diez veces más que el promedio europeo y más que en países como Grecia, que sufrieron con mayor fuerza el impacto de la crisis.
Políticas redistributivas
España es el segundo país de la UE en el que más ha crecido la distancia entre el 20% de la población con más rentas y el 20% de los más pobres. “Desde el principio de la crisis, se ha producido un desplome en el salario medio en España, con una caída del 22,2% entre 2007 y 2014”, calculó la entidad. “Pero este desplome no lo sufren todos por igual”
Está situación, con políticas injustas implementadas a sabiendas del alto coste que tenían en la vida de la gente, ha sido cuestionada y combatida activamente por mucha gente.
El 15M, un fenómeno nacido en 2011 fruto de la indignación ciudadana ante políticas sumamente agresivas contra la mayoría social, fue una primavera masiva, pacífica y democrática, que con mucha creatividad trató de hacer llegar a los dirigentes políticos un mensaje claro:
No somos mercancía en manos de banqueros y políticos. Respeto a los derechos y libertades de la ciudadanía.
Con una madurez ejemplar, se produjeron gigantescas movilizaciones, asambleas ciudadanas, iniciativas en defensa de la sanidad, la educación y el agua públicas, por el derecho a la vivienda y frente a las contrarreformas laborales.
Desde un Estado con una fuerte crisis orgánica, la respuesta fue, en todo momento, notablemente autoritaria. Pese a la simpatía popular que despertaba, por parte de las autoridades sólo se recibiría una respuesta:
-Multas, detenciones, desproporcionado y abusivo uso de las fuerzas antidisturbios.
La Comisión Legal Sol estimó al menos 822 casos en Madrid, de multas interpuestas tan sólo en movilizaciones convocadas por el 15M el 12 de mayo de 2011 al 15 de julio de 2012. En cuanto a las sanciones administrativas, Legal Sol tiene constancia de 962 hasta el 12 de diciembre de 2012
Han sido más de 800 las personas identificadas en las diferentes movilizaciones de los dos últimos años y son multitud los procedimientos incoados con sanciones pecuniarias que van de los 300 a los 500 euros.
447 detenciones y las casi mil sanciones administrativas llevadas a cabo en Madrid durante protestas del movimiento desde que nació el 15 de mayo de 2011, según los abogados de Legal Sol.
3.200 personas han sido sancionadas por su participación en las manifestaciones celebradas durante los años 2012 y 2013 en la calles de las ciudades españolas. Madrid, con gran diferencia, se lleva la palma en la estadística de multas y dinero reclamado. Según los datos obtenidos de las delegaciones de Gobierno, el total de expedientes sancionadores fue de 3.249 y el dinero reclamado por el Ejecutivo alcanza la cifra de 587.432 euros.
En el caso de Madrid, las sanciones se multiplicaron en 2012 un 900% con respecto al año anterior
Ley Mordaza/Encarecimiento de las multas
Todos estos datos son previos a la aprobación de la conocida como Ley Mordaza. Una ley aprobada con todas las fuerzas políticas de la oposición en contra, TODAS, una ley hecha a medida para castigar a quienes defienden los derechos y libertades democráticas ejerciéndolas. Hemos tenido un gobierno extremadamente cruel con su propio pueblo, no sólo ejecutando políticas que han hecho caer en picado la calidad de vida del 99 % frente al aumento de la fortuna del 1 %, sino porque además ha buscado reforzar el castigo para quienes se han revelado contra leyes injustas en las plazas y en las calles.
La ley mordaza permite listas negras de infractores, poniendo en peligro la libertad ideológica, atenta contra la libertad de prensa al impedir grabar posibles agresiones policiales por órdenes políticas, como tantas veces ha sucedido en estos años, impone infracciones de hasta 600.000 € por acciones que hasta ahora eran posibles en una democracia.
Alfon constituye la desembocadura de toda esta política injusta. El chivo expiatorio, el castigo ejemplarizante, el ¿véis lo qué os puede pasar?
Pese a que no hubo una sola prueba incriminatoria contra él, más allá del simple testimonio de quienes le detuvieron, utilizan a Alfon para lanzar un mensaje a toda la juventud trabajadora: Es mejor que os vayáis a otro país, antes que luchar por vuestros derechos en España. Seréis reprimidos y criminalizados, no habrá compasión.
Por eso decimos, alto y claro, que Alfon somos todos y todas, que es preciso defender una Amnistía Social para quienes durante estos años han confrontado las políticas del Partido Popular desde la movilización y la protesta y se encontraron con autoritarismo y soberbia. Unos piensan en la amnistía fiscal para los ricos, nosotras y nosotros pensamos que lo que hace falta es la amnistía social para los pobres. Muchas gracias.
“Sangre que no se desborda, juventud que no se atreve, ni es sangre, ni es juventud, ni relucen, ni florecen” Miguel Hernández.
